Sala 2

28.02.2014 - 15:14

La Resistencia Popular

Proceso Político Institucional

12-06-1976
Las Fuerzas Conjuntas destituyen a Juan María Bordaberry porque discrepan con algunas de sus principales ideas acerca del futuro del país, entre las que figura la supresión permanente de los partidos políticos. Alberto Demichelli (presidente del Consejo de Estado) es designado Presidente, mientras la presidencia del Consejo de Estado es ocupada por Aparicio Méndez.
Demichelli firma los actos institucionales  N° 1 y 2, en los que se suspende por tiempo indeterminado la convocatoria a elecciones y se crea el Consejo de la Nación, integrado por el Consejo de Estado y la Junta de Oficiales Generales.
 
1-09-1976
Aparicio Méndez es designado Presidente de la República por el Consejo de la Nación. Su mandato se extenderá por cinco años. Este mismo día suscribe el acto institucional N°4, que prohíbe por 15 años ejercer la actividad política a candidatos a cargos electivos que hubieran integrado listas en las elecciones de 1966 y 1971. A los integrantes de listas de los “partidos o grupos políticos marxistas y pro-marxistas declarados ilegales” según las resoluciones de diciembre de 1967 y noviembre de 1973, se les prohíbe además el derecho al voto.
 
30-11-1980
Realización de un plebiscito con el objetivo de ratificar una nueva constitución en donde se legitimaran las modificaciones que se venían realizando desde 1976 a través de los actos institucionales. A pesar del contexto represivo, el 57,9% de la ciudadanía habilitada para votar se pronunció en contra del proyecto, lo cual fue interpretado como una expresión de rechazo a la dictadura.
 
1-09-1981
El Consejo de la Nación designa a Gregorio Álvarez (Comandante en Jefe del Ejército hasta 1979) para ocupar la presidencia de la República. Durante este año, se levanta la prohibición de ejercer actividad política a varios miembros de los partidos Colorado y Nacional.

El terrorismo de Estado

Durante la dictadura finalizó el proceso de anulación del Estado de Derecho, implantándose un sistema planificado de extrema vigilancia y represión, concebido para “disciplinar” al conjunto de la sociedad. Sin controles de ningún tipo, los grupos responsables del quiebre de la institucionalidad democrática transformaron al Estado en agente de terror sobre la población. Esta misma situación de se dio en los países de la región, lo cual posibilitó la implantación de una coordinación represiva que trascendió las fronteras nacionales. El sistema secreto de inteligencia que, desde finales de 1973 y principios de 1974, posibilitó el intercambio de información entre las dictaduras del Cono Sur de América Latina y la represión transnacional se denominó “Plan Cóndor”.


La sociedad vigilada

El sistema represivo imperante durante la dictadura fue total, por cuanto abarcó las distintas esferas de la vida de las personas que, con intensidades variables, vieron afectada su vida cotidiana. En este sentido, lugares de trabajo y estudio, espectáculos públicos y medios de comunicación fueron estrictamente controlados, restringiéndose al máximo las posibilidades de reunión y de expresión.
La dictadura también incidió fuertemente en la vida privada de los individuos en la medida que reuniones familiares o de amigos estuvieron bajo sospecha.
El discurso oficial de “restauración del orden” y “refundación” de un país en el que había que “extirpar” de raíz la “subversión” imperante en todos los ámbitos, requirió la adhesión o la complicidad de toda la sociedad que, además de evitar manifestaciones de disenso debía colaborar en este proceso. Este marco fomentó el temor a ser delatado por cualquiera (vecinos, compañeros de trabajo) y promovió nuevas conductas, tales como hablar en tono muy bajo o elípticamente o actuar como si siempre se estuviese vigilado.
La limitación masiva de los derechos políticos y laborales fue entonces otra de las formas de vigilancia y control del conjunto de la sociedad.
En la administración pública se implementaron diversos mecanismos para detectar y despedir funcionarios, tales como la promulgación del acto institucional N°7 que habilitaba a “pasar a disponibilidad” al personal como paso previo a la destitución o la exigencia de una “declaración jurada de fe al sistema democrático de gobierno”. Sobre éstas y otras resoluciones –como la “constancia de habilitación para cargos públicos” extendida por las respectivas seccionales policiales- la dictadura uruguaya elaboró una clasificación de ciudadanos (A, B y C) de acuerdo a su confiabilidad política. La obtención de una “C” respondía a razones diversas –en muchos casos a la participación en actividades sociales o políticas durante años previos-, e inhabilitaba a su portador para obtener o mantener su empleo. La persecución política e ideológica fue especialmente dura en el ámbito de la enseñanza, sobre el cual recayó un número significativo de destituciones.
En la actividad privada se produjo el desplazamiento de trabajadores con participación gremial anterior y existieron “listas negras” que dificultaron la obtención de empleo de quienes tuviesen antecedentes de detención o hubiesen sido previamente despedidos por razones políticas.


La Resistencia Popular

Las formas de resistencia y de oposición a la dictadura fueron múltiples, se desarrollaron en diferentes escenarios y supusieron estrategias diversas. Hasta el momento se han recogido fundamentalmente acciones de resistencia de la sociedad organizada en sindicatos, gremios y partidos políticos, por lo que aún resta incorporar otras dimensiones de esta práctica que indudablemente varió en función de los grupos sociales y los espacios geográficos en que se ambientó.
En la misma madrugada del 27 de junio de 1973 en que se decretó la disolución del Parlamento, la Convención Nacional de Trabajadores definió manifestar su rechazo a la ruptura institucional implementando una huelga general con ocupación de los lugares de trabajo. La medida de lucha, a la que se sumó el movimiento estudiantil, contó con una importante participación tanto en Montevideo como en departamentos del interior del país, extendiéndose hasta el 12 de julio, a pesar de los constantes desalojos de las fábricas ocupadas y de la ilegalización de la CNT y las consiguientes requisitorias de captura de sus dirigentes.
Además de haber sido detenidos cientos de opositores, en el transcurso de la huelga fueron asesinados los militantes Ramón Peré y Walter Medina mientras participaban en medidas de protesta anti-dictatoriales.
El 9 de julio, en pleno embate represivo, se logró realizar una manifestación en la avenida 18 de Julio con importante afluencia de público, la cual fue rápida y ferozmente reprimida y disuelta. El periodista Rubén Castillo convocó a este encuentro a través la lectura en su programa radial de un poema de Federico García Lorca, cuyos versos indicaban reiteradamente “A las cinco en punto...”.
Después de esta instancia y del levantamiento definitivo de la huelga, durante varios años no pudieron realizarse grandes concentraciones públicas de rechazo al régimen. En el marco de una intensa represión, las principales acciones de resistencia a la dictadura se realizaron de forma clandestina o fuera del país, adoptando las más variadas formas, como por ejemplo la edición de volantes y boletines, la realización de colectas, las reuniones en casas de familia o la realización de campañas de solidaridad.


La Resistencia Popular (2nda parte)

Si bien recién a partir de 1982 lentamente fueron reapareciendo las manifestaciones públicas en rechazo a la dictadura, esto no significó que en el transcurso de los años previos hubiese reinado el inmovilismo o el consenso en torno al tipo de sociedad que deseaban imponer los grupos que detentaban el poder. Muy por el contrario, durante los casi diez años anteriores, varios sectores de la sociedad uruguaya desarrollaron distintas estrategias de resistencia que apuntaron fundamentalmente a propiciar actividades colectivas diferentes a las que la dictadura buscaba imponer.
En este sentido nuevos y reconvertidos espacios de socialización dieron la posibilidad de agruparse, intercambiar ideas y expresarse de maneras novedosas a muchos uruguayos que encontraron en ellos ámbitos alternativos desde donde desafiar varias de las prohibiciones del régimen. El Foto Club, el Teatro Circular, la Cinemateca Uruguaya, los centros de investigación privados, fueron algunos de estos enclaves en Montevideo, a los que deben sumarse clubes y asociaciones en el interior del país, en donde transcurrió la vida pública de parte de los uruguayos en un contexto en el que el simple hecho de reunirse era sospechoso. A su vez, las cooperativas de vivienda nucleadas en torno a FUCVAM y muchas parroquias católicas e iglesias protestantes fueron otros de los lugares de reunión e intercambio de ideas.
Durante este período también se mantuvo la resistencia clandestina a nivel estudiantil, laboral y político partidario.
De igual modo, las nuevas manifestaciones artísticas, tales como el “canto popular” o las renovadas propuestas teatrales y de carnaval, que a través del doble sentido, la apelación a lo simbólico o el uso de la metáfora, lograron imponerse y sobrevivir a pesar de las imprevisibles y constantes censuras, también se transformaron en catalizadores del sentir de una parte de la sociedad que fue aprendiendo a compartir los códigos que allí se manejaban.
El 30 de noviembre de 1979 la aparición del primer número de la revista “La Plaza” (dirigida por Felisberto Carámbula, dirigente batllista del Departamento de Canelones y en la que también escribían con seudónimo personas vinculadas a la izquierda partidaria y al Frente Amplio), marcó el comienzo del resurgimiento de semanarios y revistas de oposición, que incluyó entre otros a los semanarios “Opinar”, “La Democracia”, “Aquí” y “Jaque”, luego de seis años en que la difusión pública del acontecer estuvo exclusivamente en manos de los medios de comunicación adeptos al régimen.

 

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