Sala 1

14.02.2014 - 14:58

La Instauración de la Dictaura

El golpe de Estado y la instauración de la dictadura

El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry decretó la disolución del Parlamento instaurando una dictadura, en el marco de una escalada golpista en otros países del Cono Sur de América Latina.  En el caso uruguayo era la tercera vez  que, en el siglo XX, un presidente electo constitucionalmente daba un golpe institucional, aunque era la primera vez que lo hacía con la participación protagónica de las Fuerzas Armadas.

No fue un acontecimiento repentino e inesperado, sino que se trató del  desenlace de un largo proceso de deterioro del sistema político democrático, claramente reconocible a partir de 1968, pero cuyas raíces más profundas deben ubicarse, en el contexto de la Guerra Fría,  en la crisis económica surgida a mediados de la década de 1950 y la conflictividad social derivada de esta situación.  De este modo, el abuso de ciertos instrumentos legales, el desborde represivo y la adjudicación de nuevas funciones a las Fuerzas Armadas fueron estrategias empleadas desde los últimos años de la década de 1960 para contener la alta movilización política y gremial y reprimir los focos de guerrilla urbana.  Ello explica que en el momento del golpe ya se hubiesen producido detenciones, censuras y prohibiciones, además de haberse comprobado que la aplicación de torturas a detenidos era una práctica habitual.

La disposición reiterada de “medidas prontas de seguridad” (un instrumento constitucional previsto para casos de excepción) a partir de 1968, permitió la suspensión de las garantías individuales, la limitación de la libertad de expresión y de prensa, la prohibición del derecho de huelga y la restricción de las actividades sindicales. Asimismo, se decretó la “militarización” de funcionarios de los sectores público y privado que se hallaban en conflicto, se allanaron reiteradamente los locales universitarios y se incrementó el uso de la fuerza en la represión de la protesta social. A pesar del rechazo multitudinario a la muerte del estudiante Líber Arce, la escalada represiva fue en aumento.

La alianza de militares y civiles que gobernó desde la disolución del Parlamento, en sintonía con las orientaciones de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional y del neoliberalismo económico, buscó promover transformaciones profundas en la política, la economía y la sociedad uruguaya. Entre sus primeras medidas el nuevo régimen suspendió la actividad de los partidos políticos y decretó la disolución de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), disponiendo la clausura de todos sus locales y el arresto de sus dirigentes.  Por decreto se suprimió el derecho a la huelga de los trabajadores. Para finales de 1973, se había intervenido la Universidad e ilegalizado casi la totalidad de las agrupaciones políticas y estudiantiles de izquierda. A su vez, el control que el régimen tenía sobre la información que circulaba públicamente, ejercido a través de la censura y la clausura de muchos medios de comunicación, dificultaba en gran medida la difusión pública de esta situación.

El año se cerró con la instalación de un Consejo de Estado, órgano consultivo, presidido por Martín Echegoyen e integrado por otros civiles, cuyas sesiones no fueron públicas.

Principales acontecimientos en el proceso político-institucional (1971-1984)

09-09-1971
El Presidente Jorge Pacheco encomienda a las Fuerzas Armadas la conducción de la “lucha antisubversiva”. El decreto dispone que “los comandos generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea estructurarán el Plan de Operaciones Antisubversivo conjuntamente con la Policía y ejercerá la dirección de ejecución del mismo.”

15-04-1972
Con 97 votos a favor y 118 representantes presentes, la Asamblea General aprueba el estado de guerra interno y la suspensión de garantías individuales. No acompañan la medida los legisladores del Frente Amplio. El 30 de junio se prorroga la vigencia de ambas medidas.

06-07-1972
Aprobación  de la Ley de Seguridad del Estado (apoyada por los legisladores de todos los sectores políticos, excepto el  Frente Amplio). Entre otras disposiciones, sustituye el estado de guerra interno  e impone la jurisdicción militar a los detenidos políticos.

13-02-1973
Acuerdo del Presidente Juan María Bordaberry con las Fuerzas Armadas en la base aérea “Boisso Lanza”, por el cual se crea un Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), integrado por el Presidente de la República y sus ministros y los Comandantes en Jefe de las tres armas y el Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Conjuntas.

27-06-1973
El Presidente Juan María Bordaberry suscribe, junto a sus ministros de Defensa e Interior, un decreto por el cual disuelve el Parlamento.

19-12-1973
Instalación del Consejo de Estado para desempeñar las funciones de la Asamblea General, cuya creación ya había sido estipulada en el decreto de disolución de las cámaras legislativas.

Líber Arce

Líber Arce fue herido por la policía el 12 de agosto de 1968 en las inmediaciones de la Facultad de Veterinaria, mientras participaba en una de las tantas manifestaciones realizadas ese año en rechazo a los allanamientos de locales universitarios, dispuestos por el gobierno de Jorge Pacheco. Era estudiante de Odontología y militante de la Unión de las Juventudes Comunistas. Falleció dos días después con 28 años.
Una multitud acompañó el 14 de agosto el cortejo fúnebre que se trasladó a pie hasta el Cementerio del Buceo, expresando indignación y repudio ante este asesinato. 
Desde el año siguiente y  hasta la actualidad, el aniversario de su muerte constituye una fecha emblemática para el recuerdo  de los “mártires estudiantiles”.

Después del asesinato de Líber Arce, los  nombres de Hugo de los Santos y Susana Pintos (1968), Heber Nieto, Julio Spósito (1971), Nelson Rodríguez y Joaquín Kluver (1972) se incorporaron a la lista de estudiantes muertos antes del golpe de Estado como consecuencia de la represión estatal.

El “escuadrón de la muerte”

Los grupos paramilitares y parapoliciales de ultraderecha conocidos como “escuadrón de la muerte” surgieron a principios de 1970 e intensificaron su accionar  a partir de los últimos meses de 1971 realizando atentados con artefactos explosivos o armas de fuego a domicilios de personas vinculadas a la izquierda, comités de base y sedes partidarias.
El “escuadrón de la muerte” había sido impulsado directamente por el gobierno de Jorge Pacheco con el apoyo de los consejeros del Programa de Seguridad Pública de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) financiado por el gobierno de Estados Unidos.
A través del secuestro en febrero de 1972 del fotógrafo policial e integrante del “escuadrón” Nelson Bardesio, el MLN obtuvo información sobre su integración y modo de operar, la cual fue remitida a varios legisladores nacionales. 
El 17 de julio de 1971 el “escuadrón de la muerte” asesinó y ocultó el cuerpo de Abel Ayala, integrante del MLN y empleado de Sanidad Policial, que se transformó en el primer uruguayo “desaparecido”.  En las semanas siguientes, Manuel Ramos Filippini (integrante del MLN) y Héctor Castagnetto (militante de una fracción escindida del MLN) fueron las siguientes víctimas del “escuadrón”. En el caso de este último, sus restos tampoco han sido hallados.
Investigaciones recientes advierten que estas muertes parecerían haber sido represalias por la ejecución, el año anterior, del consejero del Programa de Seguridad Pública de la AID Dan Mitrione.
Al año siguiente, coincidiendo con el secuestro de Nelson Bardesio por parte del MLN,  el “escuadrón” asesinó a Íbero Gutiérrez. 

El 14 de abril el MLN ejecutó a cuatro personas acusadas de pertenecer al "escuadrón de la muerte”: el ex- Interventor de Enseñanza y ex- Subsecretario del Interior, Armando Acosta y Lara, el Sub-jefe del Departamento 5, Oscar Delega, su chofer, Juan Carlos Leites (no acusado) y el capitán de corbeta Ernesto Motto. Las Fuerzas Conjuntas (Fuerzas Armadas y Policía) respondieron a este operativo, allanando varios los locales del MLN y ejecutando a ocho miembros de la organización (Alberto Candán Grajales, Gabriel Schroeder, Horacio Rovira, Armando Blanco, Jorge Groop, Norma Paggliano, Luis Martirena e Ivette Giménez).

Ese mismo día un comando armado invadió con extrema violencia la sede central del Partido Comunista mientras se celebraba un acto con la presencia de aproximadamente quinientas personas. Al día siguiente, la Asamblea General, con excepción del voto de los legisladores del Frente Amplio, decretó la “suspensión de garantías individuales” y aprobó el “estado de guerra interno”. Durante los días siguientes se produjeron atentados con explosivos contra domicilios particulares de personas vinculadas en distinto grado a las agrupaciones de izquierda.

Íbero Gutiérrez

El 28 de febrero de 1972 fue hallado el cuerpo del estudiante y militante tupamaro Íbero Gutiérrez con una nota del grupo paramilitar “escuadrón de la muerte” reivindicando la autoría del asesinato. La autopsia realizada poco tiempo después reveló que había sido torturado y baleado varias veces hasta ser definitivamente ultimado.
Tenía 22 años, estudiaba Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias, pintaba y escribía poemas.

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